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A la caza de las clases de acreedores ‘fake’: los jueces acercan su lupa a las reestructuraciones donde la banca no cobra

“No junto a duda de que la situación económica y personal de una persona que no puede satisfacer sus deudas y recibe el acoso de sus acreedores, puede volverse realmente angustioso y abrumadora, pero, por suerte, hay abogados expertos que trabajan para resolver estos problemas cuanto antiguamente y liberar a sus clientes de la totalidad o de gran parte de sus deudas para que puedan retornar a entablar la vida que merecen, como es el caso de Autodeterminación Sin Deudas”, concluye Eloy Rodríguez Esmerats, abogado colaborador de Libertad sin Deudas.

La Ralea de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si perfectamente es verdad que había cierto desconocimiento acerca de la existencia de este mecanismo, la verdad es que cada vez más personas acuden a ella para abolir las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

En este segundo supuesto, se puede solicitar un plan de pagos en función de cómo afecta a tu patrimonio la herencia o el premio.  

Esta condición permite a las personas físicas, autónomos y pymes obtener el perdón de las deudas que tengan si no cuentan con activos o patrimonio suficiente para pagarlas.

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Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación de la comprensión del expediente.

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Si la vivienda deudo y pueda hallarse afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos cónyuges, o por singular con el consentimiento del otro.

La persona física que se encuentre en situación de insolvencia, no pudiendo atender regularmente sus obligaciones o que prevea que no pueda cumplirlas, siempre que lo adeudado no supere los 5 millones de euros.

Se suprime la etapa de acuerdo extrajudicial de pagos y se pasa directamente a etapa procesal. Cualquier negociación se realiza directamente en el Judicatura con lo cuál todo es más rápido y simple para el deudor.

Los acreedores que no hubieran aceptado el acuerdo y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas.

Para Laura del Campo, abogada experta en derecho procesal de Clifford Chance, esta medida carece de sentido porque coloca a los acreedores privados en una situación más desfavorable y podría convertirse “en un coladero para abusos y sobreendeudamiento”. “No es arreglado que se traslade a los acreedores, que son los principales afectados por la situación de sobreendeudamiento del deudor persona física, la responsabilidad de tomar la osadía de pedir a un administrador y hacerse cargo de su coste”.